Estudiantes revolucionarios denunciaron a rectora de la UCV ante la Defensoría
Hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Caracas, acudió un grupo de estudiantes revolucionarios de la Universidad Central de Venezuela para solicitar la investigación formal de la rectora Cecilia García Arocha, quien impulsa la aplicación de medidas arbitrarias y de retaliación a trece jóvenes que protestaron contra el intento de cierre ilegal de las diversas entradas de la referida ciudad universitaria.
La estudiante Andrea Pacheco indicó que además solicitaron en el documento dirigido a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, su intervención en el caso de los primeros cuatro ucevistas progresistas que están siendo procesados por las autoridades de la máxima casa de estudios del país.
Indicó que el Consejo Universitario de la UCV pretende expulsar de manera arbitraria a este primer grupo de alumnos, “lo cual forma parte del inicio de la represión de dichas autoridades contra la comunidad estudiantil, pues se rumora que a otros 70 alumnos se les abrirán expedientes durante la sesión del Consejo Universitario que se efectuará este miércoles”.
Este lunes los estudiantes revolucionarios de la UCV emitieron un comunicado de prensa en el que señalaron que las decisiones tomadas por las autoridades en contra de la población estudiantil, es un hecho que evidencia la persecución política de la cual son víctimas, debido a que las razones de fondo de alguna sanción o la posible expulsión de los compañeros no es la instalación de puertas eléctricas, sino razones políticas, ideológicas y económicas.
Los estudiantes manifestaron que las autoridades universitarias sostienen que la lista de posibles expulsados ascendería a 70.
El consejo universitario propuso el pasado miércoles un segundo listado, en el cual se exige la apertura de expedientes a los estudiantes: Juan Amaro y Jean Pier Rangel. En tal sentido, acusaron en un primer listado a los estudiantes: Kevin Ávila, presidente del centro de estudiantes de la escuela de trabajo social; Jesiel Reyes estudiante de la escuela de Derecho; así como a Andrea Pacheco y a Wilmer Ruiz estudiantes de la escuela de Estudios Políticos y Administrativos, como presuntos responsables de causar daño al patrimonio de esta casa de estudios.
Además, el consejo universitario propuso el pasado miércoles un segundo listado, en el cual se exige la apertura de expedientes por los mismos motivos a los estudiantes: Juan Amaro y Jean Pier Rangel, ex presidente del centro de estudiantes de la escuela de Trabajo Social y al estudiante de la escuela de Ingeniería Civil, respectivamente.
También acusan a los estudiantes de la escuela de Antropología, Víctor Thektisco y Eduardo Correa; los estudiantes de la escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, Keemmanuelk Torrealba, Orlando Moscott y loa estudiantes de la escuela de Trabajo Social, Isaías Moisés Pérez, Hugo Narcisse y Jean Carlos Martínez.
Las autoridades Universitarias indicaron que entre los profesores instructores asignados para llevar el caso de algunos estudiantes, estarían personajes como: José Manuel Tamayo, quien es profesor de la escuela de Derecho y dirigente del partido Acción Democrática. Nelson Chitty la Roche, profesor de la Escuela de Derecho, dirigente del partido COPEI, diputado por cuatro períodos constitucionales seguidos desde 1983-1999.
También participará el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas Raúl Arrieta, quien es dirigente político opositor al presidente Hugo Chávez, además de esposo de Cecilia Sosa
Asimismo, intervienen otros profesores, tales como: Alexis Méndez, vinculado al comité de contrataciones de proyecto Zona Rental UCV; la profesora y Directora de la escuela de Estudios Políticos y Administrativos Elide Rivas, entre otros profesores asiduos opositores al presidente Hugo Chávez Frías y al proceso revolucionario.
Con la instalación de los portones eléctricos, las autoridades universitarias alterarían la infraestructura de la universidad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, hecho que de concretarse violaría la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en sus artículos 127 y 128.
Hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Caracas, acudió un grupo de estudiantes revolucionarios de la Universidad Central de Venezuela para solicitar la investigación formal de la rectora Cecilia García Arocha, quien impulsa la aplicación de medidas arbitrarias y de retaliación a trece jóvenes que protestaron contra el intento de cierre ilegal de las diversas entradas de la referida ciudad universitaria.
La estudiante Andrea Pacheco indicó que además solicitaron en el documento dirigido a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, su intervención en el caso de los primeros cuatro ucevistas progresistas que están siendo procesados por las autoridades de la máxima casa de estudios del país.
Indicó que el Consejo Universitario de la UCV pretende expulsar de manera arbitraria a este primer grupo de alumnos, “lo cual forma parte del inicio de la represión de dichas autoridades contra la comunidad estudiantil, pues se rumora que a otros 70 alumnos se les abrirán expedientes durante la sesión del Consejo Universitario que se efectuará este miércoles”.
Este lunes los estudiantes revolucionarios de la UCV emitieron un comunicado de prensa en el que señalaron que las decisiones tomadas por las autoridades en contra de la población estudiantil, es un hecho que evidencia la persecución política de la cual son víctimas, debido a que las razones de fondo de alguna sanción o la posible expulsión de los compañeros no es la instalación de puertas eléctricas, sino razones políticas, ideológicas y económicas.
Los estudiantes manifestaron que las autoridades universitarias sostienen que la lista de posibles expulsados ascendería a 70.
El consejo universitario propuso el pasado miércoles un segundo listado, en el cual se exige la apertura de expedientes a los estudiantes: Juan Amaro y Jean Pier Rangel. En tal sentido, acusaron en un primer listado a los estudiantes: Kevin Ávila, presidente del centro de estudiantes de la escuela de trabajo social; Jesiel Reyes estudiante de la escuela de Derecho; así como a Andrea Pacheco y a Wilmer Ruiz estudiantes de la escuela de Estudios Políticos y Administrativos, como presuntos responsables de causar daño al patrimonio de esta casa de estudios.
Además, el consejo universitario propuso el pasado miércoles un segundo listado, en el cual se exige la apertura de expedientes por los mismos motivos a los estudiantes: Juan Amaro y Jean Pier Rangel, ex presidente del centro de estudiantes de la escuela de Trabajo Social y al estudiante de la escuela de Ingeniería Civil, respectivamente.
También acusan a los estudiantes de la escuela de Antropología, Víctor Thektisco y Eduardo Correa; los estudiantes de la escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, Keemmanuelk Torrealba, Orlando Moscott y loa estudiantes de la escuela de Trabajo Social, Isaías Moisés Pérez, Hugo Narcisse y Jean Carlos Martínez.
Las autoridades Universitarias indicaron que entre los profesores instructores asignados para llevar el caso de algunos estudiantes, estarían personajes como: José Manuel Tamayo, quien es profesor de la escuela de Derecho y dirigente del partido Acción Democrática. Nelson Chitty la Roche, profesor de la Escuela de Derecho, dirigente del partido COPEI, diputado por cuatro períodos constitucionales seguidos desde 1983-1999.
También participará el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas Raúl Arrieta, quien es dirigente político opositor al presidente Hugo Chávez, además de esposo de Cecilia Sosa
Asimismo, intervienen otros profesores, tales como: Alexis Méndez, vinculado al comité de contrataciones de proyecto Zona Rental UCV; la profesora y Directora de la escuela de Estudios Políticos y Administrativos Elide Rivas, entre otros profesores asiduos opositores al presidente Hugo Chávez Frías y al proceso revolucionario.
Con la instalación de los portones eléctricos, las autoridades universitarias alterarían la infraestructura de la universidad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, hecho que de concretarse violaría la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en sus artículos 127 y 128.
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