martes, 15 de diciembre de 2009

Psuv: Pronunciamiento de los Delegados en el Congreso sobre el tema Bancario

PSUV ratifica apoyo de su Congreso a medidas del gobierno venezolano sobre tema bancario
Prensa PSUV.- La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reafirmó este lunes el apoyo al Gobierno Nacional de los delegados y delegadas al I Congreso Extraordinario, en torno a las medidas tomadas para responder a la situación bancaria que se suscitó recientemente cuando fueron intervenidas por el Estado siete entidades que operaban de manera irregular.
Ana Elisa Osorio, manifestó en rueda de prensa realizada desde la sede principal del PSUV, que este fin de semana en la reunión del Congreso que se efectuó en la Escuela Venezolana de Planificación, Caracas, los psuvistas presentaron un acuerdo unánime por escrito para ratificarle al gobierno Revolucionario el apoyo en sus decisiones de protección a los ahorristas.
"En el congreso sé hizo un acuerdo unánime de apoyar y respaldar las medidas que tanto el presidente Chávez como su gabinete económico han tomado ante la contingencia de siete pequeñas entidades bancarias en el país. Nosotros desde el PSUV estamos convencidos que está situación ha sido afrontada de una manera diferente a la que se afrontó en la cuarta republica, cuando verdaderamente hubo una crisis financiera (año 1993 -1994) y el auxilio del gobierno de ese entonces fue hacia los banqueros que además se robaron ese auxilio" explicó Osorio.
La dirigente psuvista acotó que el Estado venezolano ha tomado como prioridad en toda está situación a los ahorristas e incluso se ha hecho una modificación en la ley de bancos para incrementar el auxilio de 10 mil bolívares fuertes a 30, y eso va a permitir que se le responda positivamente a los ahorristas.
"Además se ha respaldado a los trabajadores y trabajadoras de la banca en cuanto a garantizarles sus liquidaciones y sus prestaciones sociales", concluyó.
Pronunciamiento de los delegados del I Congreso Extraordinario del PSUV
La reciente intervención de un grupo de pequeños bancos privados por parte del Ejecutivo Nacional obedeció a la necesidad de proteger a los depositantes y garantizar la estabilidad financiera y, por lo tanto, económica del país.
Estos bancos desarrollaron prácticas abiertamente reñidas con la legislación bancaria: especularon con los depósitos, otorgaron préstamos a empresas relacionadas, emplearon los depósitos para la compra de bancos, entre otras. Esta situación se tradujo en su insolvencia y posterior intervención.
La actuación del gobierno nacional, la Fiscalía y demás instituciones del Estado ha sido contundente, absolutamente inobjetable: se intervinieron los bancos; se le dio respuesta inmediata a los pequeños ahorristas de acuerdo con lo establecido en la legislación; se ordenó la captura y enjuiciamiento criminal de los banqueros que manejaron irresponsablemente los recursos de la población. Quedó demostrado que el nuestro no es un gobierno de banqueros, no tiene ningún tipo de compromiso con los grupos económicos.
A pesar de ello, los medios privados de comunicación se empeñaron en sobredimensionar los hechos. La realidad se encargó una vez más de desmentirlos. La contingencia financiera afecta a menos del 8% del sistema bancario, en tanto que el sistema financiero en su totalidad exhibe un cuadro de solidez, que le permitió superar esta coyuntura en un clima de creciente estabilidad.
Este cuadro, aunado a la contundente actuación del gobierno frente a estos bancos, derrotó el propósito perverso de sectores políticos y financieros de generar una corrida bancaria y, con ello, una crisis financiera. La irracionalidad de estos sectores, que aspiraban extraer un capital político y financiero de una mayor perturbación, quedó en evidencia y sus efectos ampliamente superados.
A diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera de 1994, así como en contraste con el comportamiento de gobiernos, cuyas economías fueron sacudidas por el reciente terremoto financiero global y optaron por premiar los banqueros y castigar a los depositantes, en nuestro caso el gobierno nacional actuó de acuerdo con los intereses del pueblo. No se auxilió a banqueros, sino a los ahorristas y depositantes en general. Se estatizaron bancos con el propósito de garantizar respuestas eficientes a las necesidades de los ahorristas e inversionistas del país, tarea que recae, entre otros, en el naciente Banco Bicentenario.
Es necesario establecer una comparación histórica con lo sucedido en el pasado reciente en el país. En el marco de la aplicación de las políticas neoliberales a finales de la década de los 80, se procedió a eliminar todas las regulaciones en el funcionamiento de los bancos y se permitió el libre flujo de capitales especulativos.
Esto se tradujo en una catástrofe financiera que liquidó el 50% del sistema bancario y en una inmensa fuga de capitales, lo cual ocasionó un costo financiero a la nación superior al 15% del PIB y afectó dramáticamente la situación económica y social del país.
Aquel escenario, se diferencia profundamente de lo que vivimos actualmente. Aquellos gobiernos eran la expresión de los intereses del capital financiero nacional y extranjero.
Nuestro Gobierno revolucionario encarna los intereses del pueblo, lo cual se traduce en políticas que estimulan el desarrollo del país no al servicio del capital, sino del bienestar de la población.
Más allá de la evaluación altamente positiva de la actuación del Gobierno revolucionario y el respaldo irrestricto al Comandante Hugo Chávez en el contexto de la contingencia bancaria, estimamos necesario adoptar correctivos y avanzar en dirección a los siguientes objetivos:
1. Mejorar y perfeccionar los mecanismos de supervisión que garanticen el funcionamiento eficiente del sistema financiero y una oportuna actuación ante distorsiones del mismo.
2. Incrementar la intermediación financiera, de tal manera que los recursos manejados por la banca privilegien el desarrollo productivo del país, incluyendo el cumplimiento pleno de disposiciones legales relativas a carteras estratégicas, como la habitacional, industrial y agrícola, entre otras.
3. Reordenar a la banca pública para ponerla en capacidad de contribuir al desarrollo de una economía socialista.
4. Iniciar una cruzada contra la corrupción, que penalice a los banqueros irresponsables y que investigue y sancione la actuación de funcionarios públicos que puedan estar involucrados con estos grupos económicos.
5. Adoptar medidas contundentes que garantice que los entes públicos depositen sus recursos en la banca pública y que los recursos desembolsados sean ejecutados de forma inmediata, con el propósito de acelerar los proyectos aprobados.
6. Establecer filiales de la banca pública en al menos cada uno de los municipios del país a los fines de garantizar el cumplimiento de anteriormente expresado.
7. Estudiar la posibilidad de darle un tratamiento especial a casos de urgencia que afectan a depositantes de bancos intervenidos y que no están incluidos en la legislación bancaria, tales como: pago de nóminas y compra de viviendas, entre otros.
Finalmente, las Delegadas y Delegados del Congreso extraordinario reiteramos nuestro respaldo irrestricto al Comandante Chávez y al Gobierno bolivariano en su actuación en la reciente contingencia bancaria y asumimos, como todo el PSUV, el más firme compromiso para contribuir decididamente en el cumplimiento de los objetivos y ejecución de los correctivos anteriormente mencionados

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