A 20 AÑOS DE LA INVASIÓN DE PANAMA

A 20 años de la invasión de Panamá: ¿fue realmente una ‘Causa Justa’?
Veinte años después que Estados Unidos invadiera Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, muchos panameños creen que la verdadera causa de la intervención fue que éste se había convertido en un “estorbo” para los planes políticos estadounidenses.
Estados Unidos siempre afirmó que la invasión iniciada la madrugada del 20 de diciembre de 1989, bajo el gobierno de George Bush padre, buscaba capturar al general Noriega para llevarlo ante la justicia por su complicidad en el tráfico internacional de drogas.
La operación ‘Causa Justa’ dejó oficialmente 500 muertos. Sin embargo, entidades sociales panameñas aseguran que fueron más de 4.000, y varios analistas sospechan que las verdaderas motivaciones de Estados Unidos eran distintas a las proclamadas.
“Nunca he creído que la invasión se debiera a que el general estuviera vinculado al narcotráfico. Era un secreto a voces que (él) estaba trabajando para la seguridad” estadounidense, dijo el analista político Mario Rognoni, que fue ministro en tiempos de Noriega, a la AFP.
Mientras, el constitucionalista Miguel Angel Bernal, furibundo opositor a Noriega, dijo que éste se había convertido “en un estorbo para los planes políticos de Estados Unidos” en América Latina y el Caribe.
Noriega pasó de ser un aliado a ser “una amenaza” para Estados Unidos, dijo el analista Carlos Guevara Mann, ex funcionario del gobierno derechista de Mireya Moscoso (1999-2004), una opositora al régimen militar.
“Ha ocurrido en otras ocasiones con otros personajes y grupos. Recuerde a los talibanes (en Afganistán) y a Saddam Hussein (en Irak): primero aliados y luego enemigos de Estados Unidos”, afirmó.
El gobierno estadounidense estaba preocupado en ese tiempo por los grupos guerrilleros de izquierda que combatían en Centroamérica y por el régimen revolucionario sandinista en Nicaragua.
“Estados Unidos quería utilizar a Panamá como plataforma para esa lucha contra los sandinistas, y como Noriega se negó, allí suscribió su sentencia para ser derrocado”, dijo a la AFP Julio Berríos, ex asesor del gobierno panameño que se instaló tras la invasión y ahora abogado del ex dictador.
Noriega, “a pesar de colaborar con Estados Unidos en muchas cosas, era muy independiente y decidió rebelarse un día de 1986 en Japón, cuando denunció la política de guerra que Estados Unidos tenía en Centroamérica”, dijo el ex diplomático Julio Yao a la AFP.
Hay quien atribuye la invasión a un anhelo de Bush de alcanzar la popularidad de su antecesor Ronald Reagan, de quien fue vicepresidente.
“Estados Unidos podría haber eliminado o secuestrado a Noriega”, pero la invasión permitió a Bush “estar las 24 horas del día en la televisión para demostrar que él era un hombre fuerte y decidido, que era capaz de tomar decisiones”, dijo el académico Marco Gandásegui a la AFP.
“Y de paso Estados Unidos se presentaba al mundo como la primera potencia tras la caída del Muro de Berlín”, ocurrida pocas semanas antes, agregó.
Tras la invasión, Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, pero se entregó después a las fuerzas estadounidenses, que lo llevaron a Miami donde fue enjuiciado y condenado a 17 años de prisión por tráfico de drogas.
Tras cumplir su sentencia en 2007, Noriega está esperando en silencio que los tribunales estadounidenses decidan si puede regresar a Panamá o debe ser extraditado a Francia, donde enfrenta un juicio

A 20 años de la invasión yanqui Panamá: Prohibido olvidar
Por: Equipo de Redacción de Aporrea.org
La madrugada del 20 de diciembre de 1989 es inolvidable, no sólo para los panameños sino para todos los latinoamericanos.
A diferencia del show montado por el Imperio Norteamericano para que mediáticamente se viera su poderío contra quien fuera su amigo, Saddam Hussein, esta vez de las acciones se supo un poco mas tarde, cuando ya estaban en desarrollo, aunque habían sido advertidas a algunos personeros que luego resultaron protagónicos, Endara por ejemplo.
El gobierno de Bush (padre), que fue también amigo del general Manuel Antonio Noriega, se deslindaba de él y lo acusaba de narcotraficante. Con esa excusa invadieron un país, y masacraron a más de 3.000 personas civiles en "aras de la defensa de la libertad y la democracia".
La historia de Panamá no ha sido precisamente una historia de triunfos. Ese país, que fuera parte de la Nueva Granada, la Gran Colombia y Colombia, carga en su baúl histórico muchas invasiones de todo tipo y la segregación de su territorio por apetencias económicas del Imperio Norteamericano que propició su llamada independencia en 1903.
Sigue doliendo Panamá a 20 años de un acontecimiento por el cual todavía se reclama conocer el número de víctimas y la reivindicación política, social y económica de ese pueblo.
Hay que mirarse, hoy más que nunca en ese espejo, analizar la actuación de Noriega y preguntarse apoyado por quién comenzó a desarrollar su torcido accionar.
Hay que mirarse en las formas en que el gobierno de Estados Unidos interviene para salvaguardar lo que considera importante para él. Allá fue el Canal de Panamá y la posición estratégica del país itsmeño; acá es el petróleo y más.
Hay que mirarse con vista corta, mediana y larga para no repetir, ni pueblo ni gobierno, los errores que condujeron a este trágico episodio del pueblo panameño.
¡Levantamos nuestra voz de repudio a la actuación del imperio contra Panamá!
¡Levantamos las banderas de la solidaridad con el pueblo panameño!
Para luchar también contra el olvido ponemos a disposición de nuestras lectoras y lectores una recopilación de los hechos y los testimoniales de opinión de algunos panameños así como una pequeña cronología de la actualidad de Panamá.
Olmedo Beluche*

Veinte años han transcurrido.

Aún los muertos gritan en silencio contra el olvido, exigiendo que sus nombres sean pronunciados y pidiendo justicia. La quinta parte de un siglo ha pasado y todavía el pueblo panameño desconoce cuánto daño nos hicieron. Como muchos otros crímenes en este país, los hechos siguen sin esclarecerse del todo, sin investigación judicial, sin proceso y sin castigo.
Los amanuenses al servicio de EE.UU pretenden que el acto más sanguinario contra la nación panameña sea recordado “como una liberación”, en palabras del ex arzobispo Marcos G. McGrath, tal y como han logrado, con cierto éxito, respecto a la separación de Panamá de Colombia en 1903, pasando como “ independencia ” el acto que nos convirtió en colonia.
Como ya hemos indicado en el capítulo VI de nuestro libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), hay que distinguir entre los objetivos manifiestos por el gobierno norteamericano y los objetivos reales.
Sería ingenuo aceptar a priori los argumentos del ex presidente George Bush padre, en el sentido de que se invadió a Panamá para traernos la “democracia ” y sancionar al “ narcodictador ” Manuel A. Noriega. La prueba fehaciente de que el objetivo norteamericano no era “liberarnos” del dictador fue que el 3 de octubre de 1989, cuando Moisés Giroldi y un grupo de oficiales dio un golpe de Estado y arrestó a Noriega, las tropas del Comando Sur se hicieron las desentendidas.
El objetivo primario de la invasión era establecer un régimen estable que, con apariencia democrática, garantizara la aplicación de las políticas neoliberales. Este objetivo quedó patentado en el llamado Convenio de Donación, por el cual se darían algunos millones de “ayuda” económica a cambio de la aplicación de un estricto plan neoliberal.
En el tema de las bases militares, el nuevo gobierno de Ricardo Martinelli ha iniciado la instalación de cuatro bases militares en territorio con financiamiento y asesoría norteamericana.
Desde la perspectiva de las víctimas, reiteramos lo dicho en nuestro libro “La verdad sobre la invasión” : “En una sola noche las tropas norteamericanas asesinaron 100 veces más panameños que en 21 años de régimen militar. En una sola semana se hicieron 100 veces más prisioneros políticos que los que hubo durante los 5 años de régimen norieguista”.
Pese a la ausencia de una investigación oficial, la Iglesia Católica pudo reunir los nombres de cerca de 500 asesinados, la mayoría de ellos civiles. Las fosas comunes de El Chorrillo, Corozal, Arco Iris y Chepo siguen sin abrirse.
Cerca de 20,000 personas perdieron sus hogares esa noche, hubo al menos dos mil heridos. Algo que muchos ignoran es que se hicieron cerca de 5000 arrestos políticos. Las pérdidas materiales, en especial del Estado panameño, siguen sin sumarse.
Veinte años después, cuando parecía que iba a hacerse algo de justicia a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2007, para establecer el reclamado Día de Duelo Nacional y una Comisión Investigadora, ésta fue vetada por el presidente Martín Torrijos, sin que los diputados proponentes hayan intentado imponerla por insistencia.
El balance histórico sigue siendo favorable para los victimarios y desfavorable para las víctimas.
En espera de que, más temprano que tarde, una nueva generación de panameños y panameñas logre un gobierno que reivindique la memoria de los héroes y mártires del 20 de Diciembre, nuestra pequeña contribución a la justicia que reclaman los muertos estriba en que se conozca la cruda verdad de los hechos