Rosales: prófugo y cobardeHéctor Rodríguez Castro
¿Es en Venezuela la corrupción un problema generalizado?
¿Somos los venezolanos corruptos por naturaleza? ¿Es la corrupción parte de nuestra cultura? Estas son preguntas que nos hacemos como pueblo al reflexionar sobre la política, que es exactamente igual a reflexionar sobre lo que es de interés público, de interés colectivo.
Ante estas preguntas hay quienes intentan posicionar la idea de que efectivamente la corrupción es un problema generalizado, que todos los venezolanos somos corruptos por naturaleza, que la corrupción es parte de nuestra naturaleza y que en consecuencia no hay nada que podamos hacer al respecto.
Aceptar estas afirmaciones como ciertas es lo mismo que aceptar que nosotros, que nuestra familia y que nuestro pueblo es corrupto. No podemos nosotros negar la existencia real de corrupción tanto en las instituciones públicas como privadas, pero tampoco aceptar el calificativo para todo el pueblo venezolano. Seguros estamos de que esta conducta que tanto daño le hace a nuestro país se debe al comportamiento apátrida de un pequeño sector de nuestra sociedad.
Para acabar con este cáncer y evitar que se dude de los valores éticos de la sociedad venezolana es necesario que desde la institucionalidad se mantenga una guerra a muerte contra la corrupción mediante el control, seguimiento y la acción jurisdiccional del Estado; pero la institucionalidad debe estar acompañada por una masa crítica, por una condena moral de quienes creemos que los recursos del pueblo son sagrados.
En este sentido creemos que el Estado Venezolano ha actuado de manera correcta, cuando independientemente de la filiación política, ha apartado de la administración de los recursos públicos a actores que no han cumplido con la rigurosidad que exige el ejercicio de la administración pública e incluso ha empezado a castigar a dichas personas, ejemplos tenemos muchos, entre ellos los generales presos en el caso del central azucarero Ezequiel Zamora, la destitución del Gobernador de Yaracuy, la destitución y orden de captura del Magistrado del TSJ por el caso de Ciudad Lebrum, la detención de la esposa de un Magistrado por tener una notaria paralela, la inhabilitación de un conjunto de funcionarios por no plegarse a la Ley en la administración de los recursos y mas recientemente las diferentes investigaciones que se llevan a ex gobernadores quienes en el ejercicio de sus funciones incrementaron sus riquezas de manera desproporcionada, riquezas que sus ingresos como funcionarios no justifican.
El caso del ex gobernador del Zulia es un caso típico de quien después de 20 años en el ejercicio de la función pública, es decir cobrando el sueldo de un funcionario, tiene riquezas como si sus mas de 20 años los hubiera dedicado a negocios privados, y esto no son simples especulaciones, es un hecho público y notorio, así lo determinan las diferentes llamadas telefónicas que se han difundido por los medios de comunicación y los documentos de registro y notarias que comprueban la propiedad de la fortuna, tanto en Venezuela como en el exterior, a nombre del ex gobernador, sus familiares allegados y secretaria.
Ante esta situación la respuesta de la sociedad venezolana, independientemente de sus coincidencias o disidencias ideológicas, debe ser de condena absoluta, no puede ningún funcionario público utilizar los recursos del pueblo venezolano para acrecentar su fortuna personal.
Como comentario final cabe dejar para la reflexión de los sectores de oposición ¿Por qué sus líderes siempre terminan corriendo como cobardes como fue el caso de el ex presidente de Fedecámaras, o el de la CTV y ahora el ex gobernador del Zulia?
¡Para liderar un pueblo es necesario tener la valentía de asumir nuestras responsabilidades ante la historia!
Demos una condena moral a la corrupción, no demos solidaridad automática
Ante estas preguntas hay quienes intentan posicionar la idea de que efectivamente la corrupción es un problema generalizado, que todos los venezolanos somos corruptos por naturaleza, que la corrupción es parte de nuestra naturaleza y que en consecuencia no hay nada que podamos hacer al respecto.
Aceptar estas afirmaciones como ciertas es lo mismo que aceptar que nosotros, que nuestra familia y que nuestro pueblo es corrupto. No podemos nosotros negar la existencia real de corrupción tanto en las instituciones públicas como privadas, pero tampoco aceptar el calificativo para todo el pueblo venezolano. Seguros estamos de que esta conducta que tanto daño le hace a nuestro país se debe al comportamiento apátrida de un pequeño sector de nuestra sociedad.
Para acabar con este cáncer y evitar que se dude de los valores éticos de la sociedad venezolana es necesario que desde la institucionalidad se mantenga una guerra a muerte contra la corrupción mediante el control, seguimiento y la acción jurisdiccional del Estado; pero la institucionalidad debe estar acompañada por una masa crítica, por una condena moral de quienes creemos que los recursos del pueblo son sagrados.
En este sentido creemos que el Estado Venezolano ha actuado de manera correcta, cuando independientemente de la filiación política, ha apartado de la administración de los recursos públicos a actores que no han cumplido con la rigurosidad que exige el ejercicio de la administración pública e incluso ha empezado a castigar a dichas personas, ejemplos tenemos muchos, entre ellos los generales presos en el caso del central azucarero Ezequiel Zamora, la destitución del Gobernador de Yaracuy, la destitución y orden de captura del Magistrado del TSJ por el caso de Ciudad Lebrum, la detención de la esposa de un Magistrado por tener una notaria paralela, la inhabilitación de un conjunto de funcionarios por no plegarse a la Ley en la administración de los recursos y mas recientemente las diferentes investigaciones que se llevan a ex gobernadores quienes en el ejercicio de sus funciones incrementaron sus riquezas de manera desproporcionada, riquezas que sus ingresos como funcionarios no justifican.
El caso del ex gobernador del Zulia es un caso típico de quien después de 20 años en el ejercicio de la función pública, es decir cobrando el sueldo de un funcionario, tiene riquezas como si sus mas de 20 años los hubiera dedicado a negocios privados, y esto no son simples especulaciones, es un hecho público y notorio, así lo determinan las diferentes llamadas telefónicas que se han difundido por los medios de comunicación y los documentos de registro y notarias que comprueban la propiedad de la fortuna, tanto en Venezuela como en el exterior, a nombre del ex gobernador, sus familiares allegados y secretaria.
Ante esta situación la respuesta de la sociedad venezolana, independientemente de sus coincidencias o disidencias ideológicas, debe ser de condena absoluta, no puede ningún funcionario público utilizar los recursos del pueblo venezolano para acrecentar su fortuna personal.
Como comentario final cabe dejar para la reflexión de los sectores de oposición ¿Por qué sus líderes siempre terminan corriendo como cobardes como fue el caso de el ex presidente de Fedecámaras, o el de la CTV y ahora el ex gobernador del Zulia?
¡Para liderar un pueblo es necesario tener la valentía de asumir nuestras responsabilidades ante la historia!
Demos una condena moral a la corrupción, no demos solidaridad automática
No hay comentarios:
Publicar un comentario