Plan pico de plata
Gabriela Ramírez
Partir de la premisa que una medida efectista como el Plan Pico y Placa puede contribuir a resolver el problema de la congestión vehicular en Caracas parecería peregrino si no se es un poco más perspicaz. Evidentemente que esta pretensión de las gestiones metropolitana y mirandina representa una amenaza cierta e inminente del derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución. El argumento esgrimido por sus proponentes es que se trataría de una medida no coercitiva y que cada quien debería apelar a su libertad de conciencia, pero lo cierto es que en los municipios Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre se había impartido la orden de sancionar moralmente a los infractores con una tarjeta morada, así como su retención temporal para ser receptores de una charla. Argumentar que los vehículos no son personas desconoce que muchas familias, generalmente las de menos recursos, son quienes deben viajar desde tempranas horas para repartir a sus familias en sus lugares de trabajo o estudio. Usualmente estos grupos familiares disponen de un solo vehículo, realidad que contrasta con los sectores económicos altos cuyos miembros disponen cada uno de un vehículo personal y que no serían afectados tan seriamente como los sectores que viven en las ciudades aledañas. La intención de impulsar un plan que tan poco éxito tuvo a nivel municipal y que fue introducido en nuestro país como un calco al carbón de una iniciativa colombiana que ya acusa limitaciones importantes y ha desatado protestas en ese país no parece una posición que pueda defenderse por mucho tiempo.
Asistir a las audiencias constitucionales de los días 9 y 11 de marzo en calidad de terceros coadyuvantes al Recurso de Amparo introducido por el INTT contribuyó en buena medida a comprender el fin último de estas acciones: una audiencia rodeada de funcionarios de estos entes que fueron abordados por todos los medios de comunicación privados para promover una matriz de opinión que arraigue la idea en el pueblo de que no se les deja trabajar, constituye sin duda una derrota jurídica pero un tanto en lo mediático, que muchas veces logra imponerse en el boca a boca.
Tal vez por eso y como un buen pretexto para victimizarse el nombre más adecuado sea el Plan Pico de Plata.
Defensora del Pueblo
Gabriela Ramírez
Partir de la premisa que una medida efectista como el Plan Pico y Placa puede contribuir a resolver el problema de la congestión vehicular en Caracas parecería peregrino si no se es un poco más perspicaz. Evidentemente que esta pretensión de las gestiones metropolitana y mirandina representa una amenaza cierta e inminente del derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución. El argumento esgrimido por sus proponentes es que se trataría de una medida no coercitiva y que cada quien debería apelar a su libertad de conciencia, pero lo cierto es que en los municipios Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre se había impartido la orden de sancionar moralmente a los infractores con una tarjeta morada, así como su retención temporal para ser receptores de una charla. Argumentar que los vehículos no son personas desconoce que muchas familias, generalmente las de menos recursos, son quienes deben viajar desde tempranas horas para repartir a sus familias en sus lugares de trabajo o estudio. Usualmente estos grupos familiares disponen de un solo vehículo, realidad que contrasta con los sectores económicos altos cuyos miembros disponen cada uno de un vehículo personal y que no serían afectados tan seriamente como los sectores que viven en las ciudades aledañas. La intención de impulsar un plan que tan poco éxito tuvo a nivel municipal y que fue introducido en nuestro país como un calco al carbón de una iniciativa colombiana que ya acusa limitaciones importantes y ha desatado protestas en ese país no parece una posición que pueda defenderse por mucho tiempo.
Asistir a las audiencias constitucionales de los días 9 y 11 de marzo en calidad de terceros coadyuvantes al Recurso de Amparo introducido por el INTT contribuyó en buena medida a comprender el fin último de estas acciones: una audiencia rodeada de funcionarios de estos entes que fueron abordados por todos los medios de comunicación privados para promover una matriz de opinión que arraigue la idea en el pueblo de que no se les deja trabajar, constituye sin duda una derrota jurídica pero un tanto en lo mediático, que muchas veces logra imponerse en el boca a boca.
Tal vez por eso y como un buen pretexto para victimizarse el nombre más adecuado sea el Plan Pico de Plata.
Defensora del Pueblo
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