PARAMILITARISMO COLOMBIANO
Esta invasión silenciosa viene acelerándose desde el año sesenta en Venezuela, tenía su radio de acción en los estados fronterizos de Zulia, Apure, Barinas, Táchira y Amazonas, con el cobro de dinero a los comerciantes y dueños de fincas, conocido como pago de vacuna por “protección”, el secuestro y el sicariato.
La Revista Zeta de Rafael Poleo, del 9 de mayo de 1991, recoge una entrevista realizada al gobernador del Zulia, Álvarez Paz con el título “Perdemos nuestras fronteras, la guerrilla, narcotráfico y delincuencia colombiana crean un ambiente de temor del lado venezolano, con el objeto de despoblar la frontera y lograr un espacio del lado venezolano para sus operaciones. Dramático llamado del gobernador al Ministro de la Defensa”.
En el marco de la Ley de Tierras del año 2001, para terminar con el latifundio y entregarles las tierras a los campesinos, los terratenientes contratan a sicarios colombianos para asesinar a los dirigentes agrarios, se cuentan por centenares los líderes asesinados.
A partir del año 2003, se incrementa la intervención militar de USA en Colombia, a través del Plan Colombia y la cínica Ley de Justicia y Paz, utilizada para legalizar a los grupos paramilitares y enviarlos a los países vecinos.
En mayo de 2004, son detenidos más de cien paramilitares colombianos traídos por la oposición venezolana dirigida por el general Ovilio Poglioli, entre otros, cerca de Caracas para asaltar Miraflores y tratar de evitar que se efectuara el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez.
Lo preocupante de esta situación es la impunidad generalizada, donde ningún paramilitar o terrateniente ha sido detenido o juzgado por sus crímenes. Actualmente, sabemos que estos paramilitares colombianos están operando en algunos barrios de las capitales de los estados centrales, incluso en Caracas. Progresivamente se han ido apoderando del control y venta de la droga a precios bajos, a préstamos para reclutar a jóvenes para integrarlos a bandas delictivas.
A la actividad delictiva de estos paramilitares, se debe el incremento de la criminalidad en el país, y responde a una estrategia dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, donde el presidente Uribe y la oligarquía venezolana juegan un papel fundamental. Nos unimos a las voces patrióticas de venezolanos y venezolanas que han denunciado esta amenaza que atenta contra la soberanía nacional.
La Revista Zeta de Rafael Poleo, del 9 de mayo de 1991, recoge una entrevista realizada al gobernador del Zulia, Álvarez Paz con el título “Perdemos nuestras fronteras, la guerrilla, narcotráfico y delincuencia colombiana crean un ambiente de temor del lado venezolano, con el objeto de despoblar la frontera y lograr un espacio del lado venezolano para sus operaciones. Dramático llamado del gobernador al Ministro de la Defensa”.
En el marco de la Ley de Tierras del año 2001, para terminar con el latifundio y entregarles las tierras a los campesinos, los terratenientes contratan a sicarios colombianos para asesinar a los dirigentes agrarios, se cuentan por centenares los líderes asesinados.
A partir del año 2003, se incrementa la intervención militar de USA en Colombia, a través del Plan Colombia y la cínica Ley de Justicia y Paz, utilizada para legalizar a los grupos paramilitares y enviarlos a los países vecinos.
En mayo de 2004, son detenidos más de cien paramilitares colombianos traídos por la oposición venezolana dirigida por el general Ovilio Poglioli, entre otros, cerca de Caracas para asaltar Miraflores y tratar de evitar que se efectuara el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez.
Lo preocupante de esta situación es la impunidad generalizada, donde ningún paramilitar o terrateniente ha sido detenido o juzgado por sus crímenes. Actualmente, sabemos que estos paramilitares colombianos están operando en algunos barrios de las capitales de los estados centrales, incluso en Caracas. Progresivamente se han ido apoderando del control y venta de la droga a precios bajos, a préstamos para reclutar a jóvenes para integrarlos a bandas delictivas.
A la actividad delictiva de estos paramilitares, se debe el incremento de la criminalidad en el país, y responde a una estrategia dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, donde el presidente Uribe y la oligarquía venezolana juegan un papel fundamental. Nos unimos a las voces patrióticas de venezolanos y venezolanas que han denunciado esta amenaza que atenta contra la soberanía nacional.
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