Habilitantes por y para El Pueblo
Por: Nelson Araujo
Como hija de las tinieblas y experta en marramuncias, la oposición cree haber encontrado la piedra filosofal para incendiar las calles en su afán desestabilizador por tumbar a Chávez. Alebrestados por el “podrido” del 2D corrieron a firmar el cacareado pacto de la unidad que le estalló en la cara por el desenfreno de las ambiciones y contradicciones de los guerreros de maletín. Frente al aquelarre el imperio, entonces, les traza el objetivo de congregar la artillería contra las Leyes Habilitantes.
Tratando de reeditar la experiencia funesta de 2.002, grupos empresariales, mediáticos y falderos cuarto republicanos arremeten frontalmente con una campaña desinformativa, tergiversadora y de manipulación propagandística. Para ello no vacilan en presentar argumentos traídos por los cabellos tales como la anticonstitucionalidad, el atentado contra la propiedad privada, la Reforma de contrabando, dictadura y madrugonazo.
Firmemente el Gobierno Nacional ha sostenido que todo dentro de la Constitución aprobada en el referendo de 1.999 por el pueblo venezolano como hecho inédito de nuestra historia, y nada fuera de ella. A la letra, el Artículo 203 sentencia “que son Leyes Habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República”. Y en efecto, el 01-02 de 2.007 se aprobó, no por las 3/5 partes, sino por unanimidad delegar por año y medio en el Presidente la facultad de promulgar decretos con rango, valor y fuerza de ley. Ahora bien, esta disposición constitucional no es nada novedosa por cuanto la Constitución de 1.961 la contemplaba, siendo aplicada por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, Ramón J. Velásquez y Caldera. Mediante las mismas les fueron conferidos poderes especiales que permitieron la regaladera con la faja que denominaron “bituminosa” del Orinoco, la apertura petrolera, el refinanciamiento de la deuda externa privada para acreditársela a la República; los créditos indexados de tan ingrato recordatorio para la clase media, la Ley de bancos hechas por los banqueros, la modificación hacia la baja del impuesto a las transnacionales del petróleo y el desmantelamiento del Estado con la privatización, entre otros, de Sidor, la CANTV y Aeropostal.
A diferencia de ese paquetazo expoliador, neoliberal, privatizante y desnacionalizador que hipotecó al país con una colosal deuda externa y profundizó la brecha entre la élite opulenta e inmensas masas depauperadas, la totalidad de las 66 Leyes Habilitantes tienen como propósito fundamental la transferencia de más y mejor poder al pueblo como mecanismo para acelerar la construcción del Socialismo del siglo XXI. En esa visión y misión se institucionalizan las misiones, se protege a las personas en su acceso a los bienes y servicios en calidad y precios; se simplifican los trámites administrativos; los Consejos Comunales asumen el rol de contralores sociales y se integran al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat para la adquisición de casas dignas a través de créditos hipotecarios financiados al 100 por ciento y se prohíben las invasiones. Además se les confiere el derecho de presentar proyectos para las actividades turísticas y en general para el fomento de la economía popular. A los productores del campo se les extiende a 15 años el plazo de financiamiento, se asegura la cosecha y garantiza la soberanía alimentaria. Respecto a la Fuerza Armada y en correspondencia con el texto constitucional se promueve la defensa integral de la soberanía en el marco de la unidad cívico-militar, se definen como bolivarianas y se incorpora la Milicia como apresto operacional.
Si garantizar la independencia, el derecho al pan, techo trabajo, salud, educación y legislar contra el boicot, el acaparamiento, la especulación y los monopolios, significa que vamos a recibir el torrente de injurias y descalificaciones de Fedecámaras, los santurrones de la cúpula episcopal, los cipayos y el imperio, bienvenidas sean. Sumamente grave sería recibir bendiciones y aplausos de la canalla con propuestas antipatrióticas y en contra de la justicia social, cuando de lo que se trata es de ser intransigente en la defensa del proyecto país al llevar hasta sus últimas consecuencias el Artículo 115 que garantiza el derecho a la propiedad, siempre y cuando no contravenga el interés de la sociedad en su conjunto.
Finalmente, ¿quién los entiende? Acaso no defendieron hasta la saciedad la tesis de que en lugar de la Reforma se debería legislar?
Por: Nelson Araujo
Como hija de las tinieblas y experta en marramuncias, la oposición cree haber encontrado la piedra filosofal para incendiar las calles en su afán desestabilizador por tumbar a Chávez. Alebrestados por el “podrido” del 2D corrieron a firmar el cacareado pacto de la unidad que le estalló en la cara por el desenfreno de las ambiciones y contradicciones de los guerreros de maletín. Frente al aquelarre el imperio, entonces, les traza el objetivo de congregar la artillería contra las Leyes Habilitantes.
Tratando de reeditar la experiencia funesta de 2.002, grupos empresariales, mediáticos y falderos cuarto republicanos arremeten frontalmente con una campaña desinformativa, tergiversadora y de manipulación propagandística. Para ello no vacilan en presentar argumentos traídos por los cabellos tales como la anticonstitucionalidad, el atentado contra la propiedad privada, la Reforma de contrabando, dictadura y madrugonazo.
Firmemente el Gobierno Nacional ha sostenido que todo dentro de la Constitución aprobada en el referendo de 1.999 por el pueblo venezolano como hecho inédito de nuestra historia, y nada fuera de ella. A la letra, el Artículo 203 sentencia “que son Leyes Habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República”. Y en efecto, el 01-02 de 2.007 se aprobó, no por las 3/5 partes, sino por unanimidad delegar por año y medio en el Presidente la facultad de promulgar decretos con rango, valor y fuerza de ley. Ahora bien, esta disposición constitucional no es nada novedosa por cuanto la Constitución de 1.961 la contemplaba, siendo aplicada por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, Ramón J. Velásquez y Caldera. Mediante las mismas les fueron conferidos poderes especiales que permitieron la regaladera con la faja que denominaron “bituminosa” del Orinoco, la apertura petrolera, el refinanciamiento de la deuda externa privada para acreditársela a la República; los créditos indexados de tan ingrato recordatorio para la clase media, la Ley de bancos hechas por los banqueros, la modificación hacia la baja del impuesto a las transnacionales del petróleo y el desmantelamiento del Estado con la privatización, entre otros, de Sidor, la CANTV y Aeropostal.
A diferencia de ese paquetazo expoliador, neoliberal, privatizante y desnacionalizador que hipotecó al país con una colosal deuda externa y profundizó la brecha entre la élite opulenta e inmensas masas depauperadas, la totalidad de las 66 Leyes Habilitantes tienen como propósito fundamental la transferencia de más y mejor poder al pueblo como mecanismo para acelerar la construcción del Socialismo del siglo XXI. En esa visión y misión se institucionalizan las misiones, se protege a las personas en su acceso a los bienes y servicios en calidad y precios; se simplifican los trámites administrativos; los Consejos Comunales asumen el rol de contralores sociales y se integran al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat para la adquisición de casas dignas a través de créditos hipotecarios financiados al 100 por ciento y se prohíben las invasiones. Además se les confiere el derecho de presentar proyectos para las actividades turísticas y en general para el fomento de la economía popular. A los productores del campo se les extiende a 15 años el plazo de financiamiento, se asegura la cosecha y garantiza la soberanía alimentaria. Respecto a la Fuerza Armada y en correspondencia con el texto constitucional se promueve la defensa integral de la soberanía en el marco de la unidad cívico-militar, se definen como bolivarianas y se incorpora la Milicia como apresto operacional.
Si garantizar la independencia, el derecho al pan, techo trabajo, salud, educación y legislar contra el boicot, el acaparamiento, la especulación y los monopolios, significa que vamos a recibir el torrente de injurias y descalificaciones de Fedecámaras, los santurrones de la cúpula episcopal, los cipayos y el imperio, bienvenidas sean. Sumamente grave sería recibir bendiciones y aplausos de la canalla con propuestas antipatrióticas y en contra de la justicia social, cuando de lo que se trata es de ser intransigente en la defensa del proyecto país al llevar hasta sus últimas consecuencias el Artículo 115 que garantiza el derecho a la propiedad, siempre y cuando no contravenga el interés de la sociedad en su conjunto.
Finalmente, ¿quién los entiende? Acaso no defendieron hasta la saciedad la tesis de que en lugar de la Reforma se debería legislar?
Por eso el pueblo es sabio: primero se agarra a un mentiroso que a un ladrón.
De allí que llegó el Comandante con el librito azul y mando a parar, porque lo que viene es joropo con sabor a pueblo.
1 comentario:
Los análisis políticos hechos hasta ahora, determinan que este pueblo será la escuela del mundo moderno, saldremos del laberinto donde nos dejaron y a pesar de los enemigos internos que le vendieron su alma al diablo, encontraremos el camino con nuestro líder EL HOMBRE QUE EMPUJA, porque la conciencia determina y nuestro camino esta decidido, porque PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
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