Ministerio Público debe establecer sanciones a empresas por delitos ambientales en El Hatillo Depredación y ecocidio ambiental a cambio de dinero
Por la violación de siete leyes vigentes deben ser penadas las empresas que, a pesar de la medida de paralización dictada, aún mantienen el movimiento de tierra en la zona.
“Aquí ya lo que cabe es la actuación de la Fiscalía de manera definitiva, porque después de la visita nuestra allá, de la exhortación al Ministerio del Ambiente y de las acciones de paralización, aparentemente sigue el movimiento de tierra y el trabajo de las maquinarias”.
Así lo manifestó el diputado Fernando Vásquez, miembro de la Subcomisión de Gestión del Ambiente, al final de la reunión realizada este martes, en el Salón “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, donde tuvo lugar la 2da. reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional para tratar el caso de la afectación ambiental en las adyacencias del parque recreacional Cuevas del Indio.
Cabe destacar que la instancia tiene por finalidad procesar las denuncias de los vecinos y usuarios por los movimientos de tierra para la construcción de urbanismos sin los permisos correspondientes.
La reunión contó con la participación de representantes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Promotora Antillana, Promotora Largavista C.A., Hidrocapital, Ministerio Público, Dirección de Defensa Ambiental y Delito Ambiental, Electricidad de Caracas, Defensoría del Pueblo y miembros de los consejos comunales y vecinos de El Hatillo.
Para el diputado Vásquez, las afectaciones de los cuerpos de agua que allí nacen y la zona protectora del parque, ubicadas en la urbanización El Cafetal, sector La Guairita, del municipio El Hatillo del estado Miranda, ya por sí solos constituyen suficientes pruebas de delitos ambientales para que exista una penalización.
Violación de leyes
El diputado Porfirio Hernández, presidente de la Subcomisión de Gestión del Ambiente, dio el informe sobre la visita realizada a la zona afectada, en el cual destaca la entrevista con los representantes de Inparques, vecinos y representantes de los consejos comunales, quienes aportaron el grueso de la información.
Hasta ahora, lo que está planteado es denunciar la violación de todas las leyes por parte de la constructora, dijo el parlamentario, como la Ley Orgánica del Ambiente (2006), la de Bosques (2007), de Aguas (2007), Diversidad Biológica (2008) y la de Riesgos Socioeconómicos (2008).
“No entendemos cómo se dieron los permisos en octubre del año 2008 cuando ya existían todos estos instrumentos legales para, precisamente, proteger el ambiente”.
La Dirección de Desarrollo y Catastro de la Alcaldía de El Hatillo, y que de acuerdo con lo expresado por sus funcionarios era la responsable del otorgamiento de los permisos, sólo estuvo informada de la recepción del estudio de impacto ambiental que hasta hoy no se constituye en un permiso como tal.
“Lo que determina la evaluación es que los daños son irreversibles, y lo curioso es que nunca se consultó con los consejos comunales que también, por ley, tienen que ser incluidos en las solicitudes de opiniones sobre el uso a que están destinados los terrenos”.
Entre las propuestas está la realización de una tercera mesa en el sitio afectado para definir las acciones a tomar con respecto a este caso y para el próximo encuentro tener el informe definitivo que será consignado ante el Ministerio Público.
“Aquí ya lo que cabe es la actuación de la Fiscalía de manera definitiva, porque después de la visita nuestra allá, de la exhortación al Ministerio del Ambiente y de las acciones de paralización, aparentemente sigue el movimiento de tierra y el trabajo de las maquinarias”.
Así lo manifestó el diputado Fernando Vásquez, miembro de la Subcomisión de Gestión del Ambiente, al final de la reunión realizada este martes, en el Salón “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, donde tuvo lugar la 2da. reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional para tratar el caso de la afectación ambiental en las adyacencias del parque recreacional Cuevas del Indio.
Cabe destacar que la instancia tiene por finalidad procesar las denuncias de los vecinos y usuarios por los movimientos de tierra para la construcción de urbanismos sin los permisos correspondientes.
La reunión contó con la participación de representantes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Promotora Antillana, Promotora Largavista C.A., Hidrocapital, Ministerio Público, Dirección de Defensa Ambiental y Delito Ambiental, Electricidad de Caracas, Defensoría del Pueblo y miembros de los consejos comunales y vecinos de El Hatillo.
Para el diputado Vásquez, las afectaciones de los cuerpos de agua que allí nacen y la zona protectora del parque, ubicadas en la urbanización El Cafetal, sector La Guairita, del municipio El Hatillo del estado Miranda, ya por sí solos constituyen suficientes pruebas de delitos ambientales para que exista una penalización.
Violación de leyes
El diputado Porfirio Hernández, presidente de la Subcomisión de Gestión del Ambiente, dio el informe sobre la visita realizada a la zona afectada, en el cual destaca la entrevista con los representantes de Inparques, vecinos y representantes de los consejos comunales, quienes aportaron el grueso de la información.
Hasta ahora, lo que está planteado es denunciar la violación de todas las leyes por parte de la constructora, dijo el parlamentario, como la Ley Orgánica del Ambiente (2006), la de Bosques (2007), de Aguas (2007), Diversidad Biológica (2008) y la de Riesgos Socioeconómicos (2008).
“No entendemos cómo se dieron los permisos en octubre del año 2008 cuando ya existían todos estos instrumentos legales para, precisamente, proteger el ambiente”.
La Dirección de Desarrollo y Catastro de la Alcaldía de El Hatillo, y que de acuerdo con lo expresado por sus funcionarios era la responsable del otorgamiento de los permisos, sólo estuvo informada de la recepción del estudio de impacto ambiental que hasta hoy no se constituye en un permiso como tal.
“Lo que determina la evaluación es que los daños son irreversibles, y lo curioso es que nunca se consultó con los consejos comunales que también, por ley, tienen que ser incluidos en las solicitudes de opiniones sobre el uso a que están destinados los terrenos”.
Entre las propuestas está la realización de una tercera mesa en el sitio afectado para definir las acciones a tomar con respecto a este caso y para el próximo encuentro tener el informe definitivo que será consignado ante el Ministerio Público.
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