lunes, 28 de septiembre de 2009

Goriletti aumenta la represión

El Gobierno de facto de Honduras, con un brutal Decreto, ha suspendido hoy por 45 días las garantías constitucionales más básica en Honduras.
El Decreto restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas. La noticia la adelantó la Agencia Efe y la ha confirmado hace unos instantes la Presidencia de Honduras en una cadena.
CONTENIDO DEL DECRETO
El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que “ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley” y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.
La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada ayer, sábado, en La Gaceta oficial, confirmó a Efe una fuente del Gobierno.
La medida se tomó, según el decreto, con el fin de “mantener la paz y la seguridad interior” del país ante la “perturbación grave de la paz” ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, regresó al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.
“Se prohíbe la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros” de territorio y duración fijados en los comunicados en los que se establezca el toque de queda, reza el texto.
También se prohíbe, agrega, “toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares”.
Otra prohibición es “emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público”.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), “a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”, indica el decreto.
Establece la detención de “toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes” y “aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos”.
“Toda persona detenida deberá permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos”, agrega.
Se ordena, asimismo, “el desalojo de toda instalación pública que haya sido tomada por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la ley”.
El decreto ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, “poner a disposición de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones”.
ESTADO DE SITIO
Según el artículo 187 de la Constitución de Honduras, el Gobierno tiene la potestad de suspender tales derechos en los casos de “invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calidad general”.
El artículo siguiente, el 188, deja muy claro que en el territorio en que fuesen suspendidas las garantías anteriores, “se regirá por la Ley de Estado de Sitio”.
ZELAYA LO DENUNCIA HORAS ANTES
En declaraciones a Radio Globo, Zelaya indicó que ese decreto es “una barbaridad que indigna, que molesta”, e hizo un llamamiento al Parlamento para que lo suspenda y que sus diputados “escuchen el diálogo” que él ha propuesto para resolver la crisis política que vive Honduras desde el 28 de junio pasado, día del golpe de Estado.
Al respecto, el canciller de facto, Carlos López, dijo hoy en una rueda de prensa que desconocía ese decreto y que en todo caso es un asunto que compete al Ministerio de Gobernación (Interior), cartera que no ha confirmado ni desmentido la información.
Según informó Radio Globo, mediante el decreto se pretende cerrar a esta emisora y al Canal 36, afines a Zelaya, quien además subrayó que el acuerdo del Gobierno de facto tendría una duración de 45 días que podrían ser prorrogables.
Zelaya también expresó que “hoy es el día para convocar, siempre de forma pacífica, a la resistencia” popular que exige su restitución en el poder, “para que se manifieste durante 24 horas continuas”.
Además, reiteró que desde su derrocamiento, del que mañana se cumplen tres meses, se han registrados más de 100 muertos, y que también se cuentan por “cientos” los torturados, presos y detenidos, aunque no precisó detalles, mientras que las autoridades del gobierno golpista solamente reconocen unos 10 muertos, dijo.
Zelaya defendió el derecho que tienen los hondureños a manifestarse, algo que señaló que es “un derecho ciudadano” al que no se puede renunciar.
“Ustedes, queridos hondureños, no pueden perder sus derechos por alguien que dé un golpe de Estado y que restringe las libertades públicas, que viola los derechos humanos, que asesina, que captura, que forma escuadrones de la muerte”, acotó Zelaya.

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