Representantes del PSUV presentaron ante la Contraloría General de la República, un documento con elementos probatorios sobre los hechos de corrupción en los cuales estaría involucrado el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky y exigieron una inhabilitación administrativa a dicho mandatario.
De acuerdo a una nota de prensa los documentos consignados prueban que Capriles Radonsky, mientras ejercía como funcionario público, fungía también como socio de un grupo de empresas que incurrieron en estafa a la nación y evasión de impuestos.
Por su parte, Gersón Pérez, representante del PSUV, recordó que semanas atrás interpusieron una denuncia contra el mandatario y otros miembros de su familia, motivo por el cual esperan que la Contraloría General de la República se pronuncie en los próximos días, tal y como lo establece el artículo 26 de la Constitución Nacional, referido a intereses colectivos y difusos.
Pérez recordó que como parte de la denuncia consignada ante la Fiscalía entregaron elementos de convicción para determinar los presuntos hechos irregulares del emporio Capriles Radonsky, integrado por las empresas Insamar, Volari y San Martín.
Entre las pruebas consignadas en el documento destaca la venta de un terreno a la organización Puerto del Espíritu Santo, acción en la que estuvo involucrado Capriles Radonsky y la empresa Volari; negociación que estuvo por el orden de un millón 750 mil dólares y cuya transacción no fue declarada al Fisco Nacional.
Finalmente, Pérez informó que en las próximas semanas consignarán un documento con todos los recaudos ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, guiados por la necesidad de erradicar prácticas de corrupción dentro de la administración y por parte de personas que asumen cargos de elección popular.
De acuerdo a una nota de prensa los documentos consignados prueban que Capriles Radonsky, mientras ejercía como funcionario público, fungía también como socio de un grupo de empresas que incurrieron en estafa a la nación y evasión de impuestos.
Por su parte, Gersón Pérez, representante del PSUV, recordó que semanas atrás interpusieron una denuncia contra el mandatario y otros miembros de su familia, motivo por el cual esperan que la Contraloría General de la República se pronuncie en los próximos días, tal y como lo establece el artículo 26 de la Constitución Nacional, referido a intereses colectivos y difusos.
Pérez recordó que como parte de la denuncia consignada ante la Fiscalía entregaron elementos de convicción para determinar los presuntos hechos irregulares del emporio Capriles Radonsky, integrado por las empresas Insamar, Volari y San Martín.
Entre las pruebas consignadas en el documento destaca la venta de un terreno a la organización Puerto del Espíritu Santo, acción en la que estuvo involucrado Capriles Radonsky y la empresa Volari; negociación que estuvo por el orden de un millón 750 mil dólares y cuya transacción no fue declarada al Fisco Nacional.
Finalmente, Pérez informó que en las próximas semanas consignarán un documento con todos los recaudos ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, guiados por la necesidad de erradicar prácticas de corrupción dentro de la administración y por parte de personas que asumen cargos de elección popular.
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